En Juan Díaz, Calle 22 bis, los lamentos de la comunidad van a estrellarse contra un muro de unos 3m de alto construido sobre un relleno de similar altura. Construidos hace unos tres años, muro y relleno han sido repetidamente denunciados como una de las causas principales de las inundaciones en zonas del Corregimiento de Juan Díaz que hace unos pocos años atrás no eran propensas a inundaciones.
Conocido como el muro de Metropark, junto a un canal que, según pobladores del área, en lugar de aliviar, lo que sirve es de avenida para que el agua de mar entre a las calles cuando la marea sube, las familias de esta zona de Juan Díaz viven en jaque cuando llueve y sube la marea.
La desigualdad que caracteriza al país queda claramente expresada en estas calles de Juan Díaz, donde los nuevos proyectos inmobiliarios se construyen sobre rellenos cada vez más altos, con lo cual convenientemente evitan su problema de inundación, mientras que se lo trasladan a los anteriores moradores, cuyas casas que quedan por debajo del nivel del relleno. Ante esta dramática realidad, las teorías de nuevo urbanismo, estudios de impacto ambiental, prevención de riesgo y resilencia se derrumban como castillo de arena.
Los de juicio más severo podrán argumentar que quién manda a esta gente a vivir en áreas de riesgo. Si bien este argumento, aunque insensible, puede tener algo de validez, lo cierto es que décadas de gestión de gobierno debieron haber sido capaces de establecer las condiciones para disminuir el riesgo y no para aumentarlo.
La falta de una permisología de construcciones conjunta y coherente entre las instituciones del nivel nacional (ministerios) y las autoridades locales (municipio), se advierte como causa raíz del problema. Las instituciones rectoras tipo MiAmbiente y MIVIOT aprueban proyectos que, de forma aislada, probablemente cumplen con los requisitos que cada una exige, sin que haya en ninguna parte un paso de evaluación integral. Obtenidos los permisos y aprobado el EIA del proyecto, el Municipio alega que es poco lo que puede hacer. El resultado es una papa caliente, la de las familias cuyas casas se inundan, que va de un lado a otro, sin que nadie se haga responsable de las pérdidas, salvo las propias familias. Las soluciones tipo colchón y estufa del agotado modelo reactivo post desastre, aunque bien intencionadas, no satisfacen a nadie y dejan a la gente sumida en la impotencia –y las deudas– hasta la próxima lluvia.
Los pobladores dicen que antes, cuando existía el manglar que protegía la costa y regulaba las aguas, la situación era diferente. Aunque siempre ha llovido, las aguas tenían un patrón natural de desalojo. A partir del Corredor Sur y los millonarios desarrollos de Costa del Este y áreas aledañas, que devastaron y siguen devastando el manglar, la gente de las barriadas de Juan Díaz que usualmente se inundaban, ahora se inundan más y los que antes no se inundaban, hoy reciben su cuota de inundación. Invertido el modelo, parece que aquí lo que se redistribuye son las pérdidas y no los beneficios. Mientras la comunidad se organiza para hacer jornadas de limpieza, se realizan estudios técnicos y el Municipio proyecta inversiones millonarias, el problema de fondo, la transformación de parches de manglar en “malles” y torres de concreto sin planificación, continúa sistemáticamente y a la vista de todos.
Mayte Gonzalez
Directora Fundación Wetlands International
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