Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (P.E. 161/25), impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) no es una norma ideológica, sino una política de Estado sancionada hace más de 15 años a partir del consenso político y social que tuvo como objetivo proteger una de las reservas estratégicas de agua dulce más importantes de nuestro país: los glaciares y los ambientes periglaciares. El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo (P.E. 161/25), pone en riesgo de ruptura de ese consenso básico.

El proyecto mencionado no propone mejorar la protección al sistema de glaciares y ambiente periglaciar, sino plantea un cambio profundo de orientación: pasar de un régimen de protección efectiva a un esquema de desprotección condicionada, provincializando el manejo y gestión de estos ecosistemas y con ello habilitando a las provincias la posibilidad de autorizar actividades de gran impacto – minería, hidrocarburos, por ejemplo– sobre ecosistemas esenciales para la vida, la producción y la seguridad hídrica.

La Ley de Glaciares vigente estableció un estándar protectorio robusto por una razón elemental: sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay vida. Por eso protege todos los glaciares y ambientes periglaciares, cualquiera sea su tamaño o estado de conservación; prohíbe expresamente actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales sobre estos ecosistemas; y confía el Inventario Nacional de Glaciares a un organismo científico nacional como el IANIGLA, garantizando criterios técnicos y federales.

La Constitución Nacional en su artículo 41 establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental que constituyan un piso común, obligatorio e inderogable para todas las provincias. Ese piso no puede rebajarse sin violar el principio de progresividad y no regresión que tiene jerarquía constitucional y supralegal, respectivamente, en nuestro país. La reforma propuesta perfora ese límite constitucional y vulnera los principios mencionados, retrocediendo en los estándares de protección alcanzados, poniendo en riesgo la integralidad y funcionalidad de los ecosistemas de glaciares y ambientes periglaciares, y consecuentemente, el agua dulce que abastece numerosos ríos de los cuales viven comunidades y localidades enteres de nuestro país.

La reforma propuesta introduce criterios regresivos y ambiguos que permiten excluir glaciares de la protección legal si una autoridad provincial considera que no cumplen una “función hídrica relevante”. Redefine el principio precautorio para que la protección deje de ser la regla y pase a ser una excepción. Vacía de contenido el Inventario Nacional de Glaciares y subordina la ciencia pública a decisiones políticas coyunturales. También, como señalamos anteriormente, reemplaza prohibiciones claras de ciertas actividades extremas sobre glaciares

y ambiente periglacial por autorizaciones administrativas basadas en Evaluaciones de Impacto Ambiental que, en la práctica, rara vez rechazan proyectos de alto impacto ecológico y social.

Los glaciares no son bienes que puedan discrecionalmente las provincias dividir en compartimentos estancos, porque alimentan cuencas interprovinciales, regulan el clima, sostienen la biodiversidad y garantizan el acceso al agua a millones de personas. Fragmentar su protección es abrir la puerta a conflictos sociales, judiciales y territoriales que ya conocemos (por ejemplo, el conflicto entre Mendoza y la Pampa por el aprovechamiento del río Atuel).

En un contexto de crisis climática, estrés hídrico creciente y profundización de las desigualdades, vaciar la Ley de Glaciares es una decisión de enorme gravedad institucional. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de afirmar que no hay desarrollo posible sin agua, sin ciencia pública independiente y sin reglas claras que protejan el interés general.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las y los legisladores nacionales que rechacen el proyecto de reforma P.E. 161/25. Defender la Ley 26.639 es una obligación constitucional, democrática e intergeneracional.

¡La Ley de Glaciares no se toca!

Adhieren:

Agencia de Cooperación para el Gran Chaco (ACERCA)
Ahora Qué?
Ambiente en Lucha
AMU (Asamblea del Monte de Unquillo)
Asamblea Antimegamineria Bariloche
Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma Patagones
Asamblea Mar Libre de Petroleras La Costa
Asambleas del Curru Leufu
Asociación Ambientalista del Partido de Escobar
Asociación Antu Quillén
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Asociación Bahía Encerrada (Ushuaia)
Asociación Civil Conservación Patagónica
Asociación Civil Monte Vivo
Asociación Cordobesa de Puericultura Asociación Manekenk – Tierra del Fuego AeIAS
Asociación Orilleros de Cañada
Asociación Para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN)
Asociación Un Árbol
Autoconvocadxs por el agua de Río Cuarto
Aves Argentinas
Banco de Bosques BIOS Argentina
Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS
Centro de Estudios Legales y Sociales
Círculo de Políticas Ambientales
Colectiva Mira Socioambiental
Comunidad Indígena Rafaela Ishton
Consciente Colectivo
Cooperadora Escolar Domingo Faustino Sarmiento
Coordinadora BFS Basta de Falsas Soluciones
Diálogo 2000 Jubileo Sur Argentina
Ecohouse
Ecointensa
Encuentro Verde por Argentina (EVA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación Avina
Fundación Biodiversidad Argentina
Fundación Cambio Democratico
Fundación Hora de Obrar
Fundación Humedales/ Wetlands International
Fundación Inalafquen
Fundación María Remedios del Valle Ma.Re.Va.
Fundación Mil Aves
Fundación Vertientes del Saldan
Fundación Vida Silvestre Argentina
Fundación Yuchan
Greenpeace
Grupo de Estudio sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas
Humedales en Red
Jóvenes Por el Clima
Juventud Izquierda Socialista
Movimiento Fuera Mekorot!
Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, Tierra del Fuego, AeIAS
Multisectorial Golfo San Matias
Multisectorial Humedales
Natura Argentina
No a la Mina Esquel
Organización Fuser Mar del Plata
Organizaciones Guardianas del Humedal
Orilleros de la Cañada Asociación Civil CUIT 30716432765
Pachas- Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir.
Patagonia Argentina
Por el Mar
Protegiendo nuestros Árboles (Rosario)
Proyecto Quimilero
Rebelión o Extinción Argentina
Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Red CaLiSas Red de Cátedras Libres de Soberania Alimentaria y Colectivos Afines
Red Ecosocialista
Revista Sudestada
Sembrando Cultura Asociación Civil
Semillero Cultural Calera
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM)
Somos “Agüita Pura para San Juan”
Sumamos al Grupo Ecologista Cuña Pirú a la adhesión.
Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija, Entre Ríos
Unidad Socialista de Tierra del Fuego, AeIAS.
Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos – Centro de Estudiantes en la UNTDF (Río Grande)