Más allá la inundación: Impacto de las megaurbanizaciones y agricultura a gran escala en el Delta del Paraná y la cuenca del río Luján

El clima insiste en sus fenómenos extremos y casi todos los sectores coinciden en la existencia del cambio climático. Sin embargo, pareciera que ni los temas ambientales ni la planificación del uso del territorio son una prioridad en las agendas del sector público. Desde la oficina argentina de Wetlands International y junto a numerosos socios locales se viene alertando sobre este tema hace tiempo. Un estudio de nuestra oficina en Buenos Aires identificó en el año 2012, 229 urbanizaciones de entre 60 y 2.000 hectáreas en el Delta del Paraná y sus tributarios, entre los que se encuentra la Cuenca del río Luján. Asimismo en el año 2013 otro estudio de Wetlands International-LAC identificó que los endicamientos y terraplenes, incluyendo las urbanizaciones, ocupan casi el 14 % del Delta, con cerca de 250.000 hectáreas afectadas. Por su parte, los terraplenes para caminos superan los 5.000 km.

Hace casi un año se sancionaba una ley provincial que declaraba la emergencia hídrica en la cuenca del río Luján. Si bien se entiende que entre la declaración de una ley y su efectiva implementación pasa un tiempo, esta parece ser una respuesta tardía a un fenómeno anunciado. De todos modos, más allá de las obras de infraestructura que hoy se anuncian de parte de todos los involucrados, Wetlands International-LAC recomienda que se preste atención a los nuevos enfoques que existen en reducción del riesgo de desastres que consideran justamente los servicios ecosistémicos. En particular el enfoque de “infraestructuras verdes” sería muy apropiado para esta cuenca. El principio que subyace a este concepto es que una misma superficie de tierra ofrece múltiples beneficios si sus ecosistemas están sanos pues de esta manera se puede garantizar la buena provisión de sus bienes y servicios ecosistémicos. Por el contrario, si estos ecosistemas están dañados, fragmentados o degradados, no pueden brindar estos beneficios a la sociedad. En términos generales, “infraestructura verde” se refiere a una red planificada estratégicamente de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar dichos bienes y servicios ecosistémicos.

Hoy más que nunca con el avance de los eventos climáticos extremos es necesario contar con políticas para la planificación del uso del suelo. En tal sentido es muy importante contar con una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales. En noviembre pasado dicho proyecto de ley recibió media sanción en Senadores por unanimidad. Esperamos que la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Diputados actúe en consonancia. Esta normativa será una herramienta fundamental para armonizar temas tan trascendentales como este.