Las masivas movilizaciones de los últimos días han generado que el gobernador Rodolfo
Suárez envíe a la Legislatura el proyecto para derogar la ley 9.209. Esta permite el uso de
sustancias tóxicas en la explotación minera y pone en riesgo el agua de Mendoza, un
recurso valioso y escaso.
Esta conquista popular se constituye como un hecho histórico y demuestra que las
problemáticas ambientales son discusiones que se encuentran instaladas en lo profundo y
más sensible de la sociedad. Si un proyecto no tiene licencia social no tendrá cauce
efectivo en su ejecución.
Las organizaciones que adherimos a este comunicado celebramos la restitución de la ley
7.722 y nos ponemos a disposición para contribuir, desde nuestras capacidades técnicas, a
la elaboración de estrategias alternativas que permitan el desarrollo de la provincia de
Mendoza. Estamos convencidos que de la crisis económica y social que atraviesa nuestro
país no se sale a costa del deterioro de la calidad de vida de la población y los ecosistemas,
sino a través de políticas que incluyan a las comunidades y que sean lo suficientemente
sólidas y saludables para perpetuarse a las futuras generaciones.
Por último, y ante la crisis climática y ambiental que atraviesa nuestro planeta, exigimos
una política ambiental integral y clara en sus principios, basada en una planificación
territorial participativa, que no favorezca nunca más el extractivismo contaminante.
La comunidad proteje el agua de Mendoza
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